Los docentes universitarios de todo el país iniciarán un paro de actividades desde el martes 16 hasta el sábado 20 de junio, lo que implicará la suspensión casi total del dictado de clases durante esa semana. La medida se enmarca en la demanda por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de convocatoria a paritarias para revisar los salarios del sector.
Esta huelga fue decidida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica, dos de las principales organizaciones sindicales del sector. Además, la coincidencia del paro con días festivos nacionales —el lunes 15 por el feriado de Miguel de Güemes y el sábado 20 por el homenaje a Manuel Belgrano— dejará sin clases a gran parte de las facultades y cursos de nivel superior durante toda la semana.
La protesta se produce en un momento de negociaciones entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno, que analiza la posibilidad de incrementar los recursos destinados a la educación superior y actualizar los salarios docentes. Según trascendidos, las autoridades del CIN aguardaban una propuesta oficial de aumento cercana al 24% para este año, junto con ajustes en las partidas presupuestarias del sistema universitario.
Sin embargo, la falta de una oferta formal y las diferencias vinculadas a la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, generaron el rechazo sindical y la decisión de sostener la huelga hasta lograr avances concretos.
En este marco, Conadu convocó a un estado de alerta y sesión permanente para responder a las negociaciones, remarcando la importancia de que el conflicto se resuelva con un llamado formal que habilite el cumplimiento integral de la ley vigente. También denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la ausencia de diálogo paritario y señalaron acciones antisindicales que afectarían el derecho a huelga.
La secretaria general de Conadu expresó su rechazo hacia la gestión gubernamental, advirtiendo que la universidad pública está en riesgo y que no se tolerarán recortes ni demoras en la financiación ni en la actualización salarial. La federación además planea sumar acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario para fortalecer el reclamo.