Un operativo masivo de seguridad movilizó a más de 1.500 efectivos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con el objetivo de desarticular organizaciones vinculadas al narcotráfico, clausurar puntos de venta ilegal y recuperar el control del espacio público.
El despliegue, que incluyó helicópteros y un vehículo blindado, se llevó a cabo simultáneamente en al menos 18 barrios populares, entre ellos la Villa 31 de Retiro, la 1-11-14 del Bajo Flores, Krazy Zavaleta y Ciudad Oculta. Durante los allanamientos, que responden a semanas de investigación e inteligencia criminal, se arrestaron a 27 personas, varias con pedidos de captura activos, y se incautaron drogas, armas, dinero y vehículos con requerimientos judiciales.
Además, el operativo permitió la clausura de cinco búnkeres de droga y 25 comercios ilegales, entre los que se encontraban locales que vendían teléfonos celulares presuntamente robados y consultorios médicos sin habilitación. También se realizaron controles de tránsito, retiraron autos abandonados y fiscalizaron chatarrerías y depósitos peligrosos.
Como parte de la acción, se secuestraron más de un centenar de motos y decenas de automóviles por infracciones de tránsito. La estrategia se enmarca en un plan oficial orientado al "ordenamiento del espacio público", que busca establecer normativas comunes en toda la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno porteño supervisó el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano y visitó la Villa 31. Destacó que nunca se había realizado un operativo con esta coordinación y afirmó que el principal propósito es proteger el estilo de vida en la ciudad.
La operación generó distintas reacciones políticas. El oficialismo valoró el procedimiento como un avance en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, mientras que sectores de la oposición criticaron la iniciativa por considerar que tuvo un enfoque violento, discriminatorio y que afectó la vida cotidiana de los residentes en los barrios intervenidos.