El megaoperativo de seguridad desplegado por el Gobierno de la Ciudad en villas y barrios populares, conocido como “Tormenta Negra”, generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, dirigentes políticos y referentes comunitarios debido a su intervención considerada excesiva y represiva. Más de 1.500 efectivos participaron en esta acción que buscaba reforzar la seguridad, pero que tuvo consecuencias visibles en la población local.
Desde el Comité de Crisis del Barrio Mugica —ex Villa 31 y 31 bis— junto a movimientos barriales denunciaron que el operativo exhibió escenas de tensión y violencia, con presencia de armas largas frente a niños y familias. Además, expresaron que la detención masiva de vecinos se realizó sin explicación y que se generó un ambiente de miedo e incertidumbre. Las organizaciones advirtieron que la militarización de estos sectores no se ve en otros barrios de la Ciudad, como Recoleta o Palermo, reforzando el cuestionamiento sobre la selectividad y el trato diferenciado.
Uno de los cuestionamientos más incisivos provino del sacerdote José María ‘Toto’ de Vedia, quien describió el operativo como un “show mediático” alejado de una verdadera estrategia de orden y seguridad. En sus declaraciones, denunció además que el ingreso de policías con armas largas incluyó el despojo de comida a vendedores informales, una acción que calificó de degradante para la comunidad. Aclaró que desde los barrios no se rechaza la seguridad, sino que demandan un enfoque diferente que no afecte su dignidad.
Durante el operativo, referentes sociales sostuvieron que la jornada fue vivida como una imposición represiva, evocando una ruptura con la democracia debido a la masiva presencia policial y los procedimientos simultáneos en diversos puntos de la Ciudad. Nelson Santacruz, en redes sociales, definió el día como un momento en el que “las villas estuvieron bajo un régimen”.
El operativo también desató un cruce político. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cargó contra el jefe de Gobierno porteño, acusándolo de intentar obtener rédito político con estas medidas y asegurando que la provincia tiene una metodología más efectiva para abordar la seguridad en estas zonas.
Frente a las críticas, el Gobierno de la Ciudad defendió la intervención, calificándola como un procedimiento “sin precedentes” y destacó los resultados obtenidos, que incluyen 27 detenidos, el cierre de búnkers de drogas, clausura de comercios ilegales y el secuestro de vehículos. Estas acciones forman parte de una estrategia oficial para ordenar los barrios populares y mejorar la seguridad urbana.