El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley titulado Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses que pretende regular la actividad del lobby dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo. La iniciativa apunta a transparentar las audiencias entre funcionarios y representantes del sector privado mediante un doble registro obligatorio, tanto para quienes gestionan como para los funcionarios.
Esta normativa incluiría una "puerta giratoria" con un plazo de 24 meses para limitar que exfuncionarios gestionen intereses en áreas donde tuvieron responsabilidades, además de establecer multas que van desde cinco hasta dos mil salarios mínimos vitales y móviles por incumplimientos. También se incluyen penas penales que oscilan entre seis meses y tres años para quienes realicen gestiones sin inscripción o sin dar publicidad a los encuentros, especialmente en casos en los que gestores no declaren su condición de personas extranjeras.
El proyecto contiene un apartado específico dedicado a la regulación del lobby ejercido por actores extranjeros, buscando dar mayor claridad a ese tipo de influencias.
Al incorporar un sistema de registros cruzados y una estructura de sanciones que incluye multas económicas y tipos penales, la iniciativa se propone avanzar hacia una mayor trazabilidad y control público de las gestiones de intereses. Estas medidas se alinean con principios similares a los de la Ley de Acceso a la Información Pública, proveyendo un mecanismo para que la sociedad pueda hacer seguimiento a la participación en asuntos públicos.
Más allá de la regulación y el control, la ley busca fomentar una gestión colaborativa e inclusiva entre los sectores privados y el Estado, promoviendo la participación plural y democrática en la definición de políticas públicas, en lugar de enfoques exclusivos o extractivos. Esto implica reconocer que la democracia debe garantizar espacios regulares para que individuos y grupos incidan en cuestiones económicas, sociales y culturales que los afectan directamente.