El Gobierno prepara una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que incorporará modificaciones al mercado de capitales, con el objetivo de incentivar la entrada de dólares “del colchón” al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones legales. Esta nueva propuesta, que ingresará próximamente a la Cámara de Diputados, surge como una segunda etapa para corregir deficiencias detectadas en la versión original de la ley.
Desde el Ejecutivo reconocen que el régimen inicial no cumplió con las expectativas debido a las dudas que generó entre contadores, tributaristas y contribuyentes en relación con el alcance del denominado “tapón fiscal” y la falta de seguridad jurídica. La principal crítica apuntaba al riesgo de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudiera iniciar fiscalizaciones sobre períodos anteriores a la adhesión, lo que desalentó la participación. Por eso, ahora el proyecto prevé limitar esa discrecionalidad y trasladar a la AFIP la carga de probar inconsistencias significativas, dando mayor protección a quienes decidan ingresar al régimen.
Además, la reforma pretende ampliar el universo de contribuyentes habilitados para sumarse, eliminando topes respecto a ingresos y patrimonio, y redefiniendo el concepto de “discrepancia significativa” para facilitar la rectificación voluntaria de declaraciones. También se incluye la generación de efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la Unidad de Información Financiera (UIF), en beneficio de quienes regularicen su situación.
Un aspecto clave es la vinculación entre esta nueva versión de Inocencia Fiscal y las normas del mercado de capitales. Se incorporarán reglas que ya fueron adoptadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de la Resolución General 1108, que permiten que fondos declarados bajo este régimen puedan ser utilizados en operaciones mediante agentes de liquidación y compensación (ALyC), fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales. Esta regulación busca blindar legalmente estas operaciones y garantizar transparencia, respetando compromisos internacionales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que la combinación de estos cambios fiscales y financieros busca evitar la fuga de capitales y promover que los dólares acumulados fuera del circuito formal se integren bajo un marco seguro y regulado, estimulando así la inversión y la actividad económica.