Una iniciativa legislativa en Mendoza plantea restringir el uso de las inhibiciones generales de bienes en juicios de apremio, estableciendo que estas medidas cautelares solo se puedan dictar cuando no existan otros bienes identificables o cuando las acciones menos gravosas hayan resultado insuficientes para garantizar el crédito fiscal.
La propuesta modifica el artículo 250 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, donde actualmente se permite solicitar inhibiciones generales incluso antes de iniciar el juicio, con solo presentar el título ejecutivo. Esta práctica, según la diputada que impulsa el proyecto, genera afectaciones desproporcionadas a la actividad económica y patrimonial de individuos y pequeñas empresas, muchas veces por deudas de bajo monto.
El proyecto enfatiza que las medidas cautelares deben ser razonables y proporcionadas, priorizando embargos específicos sobre bienes determinados en lugar de restricciones amplias que bloquean la venta de propiedades, el acceso a créditos y la transferencia de vehículos. También incorpora el principio de menor afectación posible sobre el patrimonio, buscando evitar que las inhibiciones se conviertan en un obstáculo generalizado para el desarrollo comercial.
Además, la iniciativa reconoce los avances en la digitalización de los sistemas judiciales y registrales de Mendoza, que facilitan los trámites vinculados a la gestión de inhibiciones y al levantamiento de medidas cautelares, lo que contribuye a agilizar procesos y limitar perjuicios innecesarios.
La diputada argumenta que es necesario un sistema tributario eficiente pero justo, donde el derecho del Estado a cobrar no se transforme en un mecanismo que asfixie económicamente a quienes trabajan e invierten en la provincia. La propuesta intenta equilibrar el cobro fiscal con la protección de la actividad productiva y comercial local.