El Consejo de la Magistratura de la Nación intensificó sus procesos disciplinarios desde que la presidencia está a cargo de la Corte Suprema de Justicia. En este período, tres jueces fueron desplazados y dos más fueron enviados a juicio político, reflejando un aumento en las investigaciones por mal desempeño y corrupción judicial.
Uno de los casos más destacados es el del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, quien fue procesado por delitos graves vinculados a corrupción. La Comisión de Acusación votó unánimemente enviar su pliego a juicio político, aunque su suspensión dependerá de una decisión del Plenario, debido a que sus fueros impiden la ejecución de una orden de detención. Paralelamente, otro magistrado, Alejandro Patricio Maraniello, fue citado a indagatoria por denuncias de abuso sexual y maltrato laboral.
Los procedimientos también tuvieron impacto en cambios administrativos dentro del Consejo. Se separaron de sus cargos el administrador general, el director de Recursos Humanos y el jefe de Seguridad, además de relocalizar funcionarios a puestos estratégicos para asegurar un mayor control interno.
En el plano de sanciones económicas, el Plenario del Consejo impuso multas a dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal: Javier Anzoategui y Luis María Rizzi debieron afrontar descuentos equivalentes a la mitad de un sueldo por expresiones consideradas ofensivas al decoro judicial y a los derechos humanos en la sentencia de un caso de abuso sexual. Además, se les ordenó participar periódicamente en cursos sobre la Ley Micaela para actualizar su perspectiva de género.
Asimismo, desde este cambio de gestión, los jueces Walter Bento y Martín Poderti fueron removidos, y Marcelo Bailaque optó por renunciar ante acusaciones en su contra antes de que el Plenario resolviera su situación. Los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava también fueron remitidos a juicio político, cuyos resultados quedan pendientes de definición.
El Consejo continúa evaluando y sancionando a magistrados señalados por mala conducta o irregularidades, consolidando un escenario donde la fiscalización y las acciones disciplinarias adquieren mayor protagonismo bajo la dirección del máximo tribunal.