El reciente caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida y asesinada en Córdoba, reavivó el debate sobre la respuesta estatal frente a la violencia sexista en el país. Según la denuncia pública, las autoridades demoraron la toma de denuncia y la activación del “Alerta Sofía”, protocolada para desapariciones, evidenciando fallas en la inmediata protección y abordaje del caso.
La Casa del Encuentro, una organización líder en la investigación y visibilización de femicidios, informó que desde el 3 de junio de 2015 hasta la fecha se registraron más de 3.000 femicidios vinculados a mujeres y niñas, con un caso cada 30 horas. Además, destacó que miles de hijos e hijas quedaron huérfanos debido a estos crímenes, cifras que reflejan la dimensión social de la violencia de género.
Estas cifras contrastan con el informe de la Corte Suprema de Justicia, que señala una aparente disminución en los femicidios año tras año. La Casa del Encuentro cuestionó la metodología utilizada por la Corte, que toma en cuenta únicamente causas judiciales iniciadas en el año, excluyendo aquellos casos no investigados o aquellos vinculados a contextos de narcotráfico. Asimismo, la discrecionalidad para catalogar determinados homicidios dentro de la figura penal de femicidio hace que muchos hechos queden fuera de las estadísticas oficiales.
De enero a mayo del año en curso, la organización relevó más de 100 víctimas, entre femicidios, transfemicidios y femicidios vinculados a varones adultos y niños, además de un elevado número de tentativas. Frente a esta situación, pidió la implementación de un trabajo coordinado, multidisciplinario y federal que garantice el cumplimiento de la legislación vigente y un compromiso real para la prevención y protección de quienes sufren violencia.
- Desde junio de 2015 se registraron más de 3.000 femicidios vinculados.
- La Corte Suprema excluye casos no judicializados o ligados al narcotráfico.
- Cada 30 horas ocurre un femicidio vinculado en Argentina.
- Durante cinco meses se documentaron más de 100 víctimas fatales relacionadas con la violencia de género.
El reclamo central apunta a superar la negación institucional sobre el problema y garantizar que las políticas públicas respondan a la gravedad de la emergencia en violencia de género. La demora en tomar denuncias, la falta de protección pronta y la subestimación oficial afectan la eficacia en la prevención y la justicia para las víctimas.