Tras meses de protestas, paros y un proceso judicial en la Corte Suprema, el Gobierno y las universidades públicas acordaron un aumento salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios. El incremento se aplicará en dos etapas: primero un 21,33% sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y luego un 3% en octubre, tomando como referencia los básicos de septiembre. Además, se estableció que la paritaria universitaria se reabrirá en septiembre y se convocará como máximo cada tres meses para ajustar los salarios según la inflación proyectada por el INDEC y el desfasaje acumulado.
El acuerdo no solo contempla la recomposición salarial, también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. A esto se suma una partida especial para los hospitales universitarios, calculada en aproximadamente 50.000 millones de pesos. Esta mejora representa un alivio parcial para el sistema universitario, que atravesaba una caída real importante en sus recursos y desafíos crecientes en el mantenimiento de sus servicios.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado señalando que estas medidas son insuficientes para resolver el problema de fondo. Reconoció que el avance logrado es importante, producto de la presión sostenida por parte de la comunidad universitaria, pero advirtió que el conflicto no está cerrado mientras no se aplique la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad. Este organismo mantiene la demanda judicial ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento integral de la normativa aprobada por el Congreso.
El CIN había alertado previamente sobre un descenso real acumulado del 45,6% en las transferencias a universidades entre 2023 y 2026, y sobre una pérdida salarial cercana al 32% en el mismo período. Estas cifras evidencian la gravedad estructural del financiamiento y la urgencia de una solución definitiva que supere los acuerdos parciales.