El Gobierno defiende la continuidad de su política fiscal y presenta 29 meses consecutivos de superávit primario junto a 27 meses con superávit financiero, destacando la reducción real del gasto público en el último año. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional cuestiona estas cifras al aplicar un criterio diferente para contabilizar los intereses devengados de la deuda, lo que modifica el resultado fiscal oficial.
Según el FMI, cuando se incluyen los intereses acumulados de bonos del Tesoro aún no pagados, el saldo financiero del año pasado no fue un superávit del 0,2% del PIB, sino un déficit del 0,8%. Esta divergencia se origina en la forma en que se registran los intereses: el organismo internacional sostiene que deben incorporarse ajustados por inflación, mientras que el Gobierno sostiene que su metodología refleja un manejo responsable de las finanzas públicas.
La controversia no solo marca una diferencia técnica, sino que también pone en jaque la percepción sobre la sustentabilidad de la política fiscal vigente. El creciente stock de Lecaps y los vencimientos de corto plazo presionan la liquidez del mercado financiero, lo que hace indispensable acordar criterios claros para evitar riesgos futuros relacionados con el financiamiento del Estado.
Los desacuerdos entre el Gobierno y el FMI sobre la contabilización de la deuda y sus intereses reflejan las complejidades económicas actuales y la importancia de transparentar las cifras oficiales para mantener la confianza de los actores económicos y financieros nacionales e internacionales.