Un tribunal federal declaró inconstitucional un decreto que suspendía la aplicación de la ley de financiamiento universitario y ordenó al Gobierno nacional, bajo la administración de Milei, restablecer la vigencia de esa normativa. La resolución implica que las universidades deben recibir los fondos previstos por la ley sin modificaciones ni retrasos impulsados por el Poder Ejecutivo.
El decreto cuestionado suspendía provisoriamente la aplicación de los criterios de asignación de recursos ya establecidos en la ley de financiamiento, lo que había generado preocupación en el ámbito universitario por la incertidumbre en los presupuestos. La Justicia consideró que el Ejecutivo carece de facultades para suspender una ley con un decreto y ratificó la obligatoriedad de respetar el financiamiento universitario definido por el Congreso.
Frente a este fallo, el Gobierno anunció que presentará una apelación para intentar revertir la decisión judicial. Sin embargo, la sentencia sienta un precedente importante respecto a la autonomía de las universidades y el cumplimiento del marco legal vigente. La ley de financiamiento universitario establece criterios específicos para la distribución de fondos públicos, que buscan garantizar el desarrollo y funcionamiento adecuado de las instituciones educativas del país.
Las reacciones en el sector académico fueron inmediatas, destacando la importancia de que los recursos asignados lleguen en tiempo y forma para no comprometer la calidad educativa. La suspensión generaba un escenario de incertidumbre presupuestaria que podría afectar programas de investigación, salarios y mejoras de infraestructura.