La Justicia entrerriana decidió prohibir la aplicación de agrotóxicos tanto terrestres como aéreos en un área cercana a viviendas rurales de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante. La sentencia, firmada por la vocal María Fernanda Miotti, estableció distancias mínimas para las fumigaciones: más de un kilómetro para aplicaciones terrestres y tres kilómetros para las aéreas.
Esta determinación surge a partir de dos amparos, uno colectivo y otro particular, presentados por vecinos preocupados por el impacto ambiental y sanitario de las pulverizaciones. La resolución ordenó el cese inmediato de dichas tareas, modificando así los criterios vigentes bajo la Ley 11.178 de Entre Ríos, que permitía fumigar a partir de 150 metros por vía terrestre y 500 metros por vía aérea en zonas cercanas a escuelas rurales.
La jueza destacó que, aunque la legislación provincial no viola derechos constitucionales, es indispensable que el Estado intensifique las fiscalizaciones y los controles sanitarios para prevenir riesgos en áreas habitadas. Sin embargo, esta decisión encontró una fuerte resistencia entre representantes del sector agropecuario. Uno de ellos criticó con dureza el fallo, cuestionando la racionalidad de la medida y señalando que genera incertidumbre entre los productores sobre el cumplimiento de la ley.
Según declaraciones del dirigente rural, el productor afectado cumplió con todos los pasos legales para realizar la fumigación: notificó a la comuna 48 horas antes, presentó la documentación requerida y utilizó productos autorizados dentro de la normativa vigente. A pesar de esto, afirmó que la aplicación nunca llegó a efectuarse debido al fallo judicial y cuestionó el criterio judicial, vinculado en su opinión a presiones inmobiliarias.
Este caso pone en evidencia el conflicto entre sectores agrícolas y comunidades rurales respecto al uso de agroquímicos, donde la preocupación por la salud y el medio ambiente choca con la práctica productiva tradicional. La sentencia abre un precedente en la provincia sobre las restricciones en fumigaciones cerca de viviendas, que podría influir en futuros litigios y políticas públicas en Entre Ríos.