La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Brasil que asegure justicia y reparación para las víctimas de los Crímenes de Mayo, un conjunto de hechos violentos ocurridos hace dos décadas en el estado de São Paulo. Estos eventos comenzaron con disturbios en más de 700 cárceles tras el traslado masivo de presos a una prisión de máxima seguridad, lo que detonó una ola de ataques entre el grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) y las fuerzas de seguridad, que dejaron un saldo de cientos de fallecidos.
Según un informe del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, entre los fallecidos hubo agentes públicos y principalmente civiles, en su mayoría jóvenes, negros y residentes en sectores pobres. La mayoría de las muertes presentaron características de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, pero a la fecha los responsables no han sido procesados ni sancionados. La falta de justicia ha mantenido un clima de impunidad que, según los expertos de la ONU, perpetúa la violencia y el racismo estructural en el sistema policial brasileño.
En respuesta a denuncias presentadas en mayo por organizaciones de derechos humanos, como Conectas Derechos Humanos y el Movimiento Madres Independientes de Mayo, la ONU subrayó la necesidad de que el Estado garantice los derechos a la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición de esos crímenes. El organismo expresó que la gravedad de estos sucesos exige que no se apliquen plazos de prescripción para su investigación y juicio, dado que negar el acceso a la justicia solo profundiza el dolor de las familias afectadas y fomenta la impunidad.
Los expertos insistieron en la implementación de protocolos internacionales, como el Protocolo de Minnesota, para realizar investigaciones creíbles sobre homicidios ilegítimos. Reclamaron además medidas de reparación para víctimas y garantías para evitar nuevos episodios similares. Consideran que solo a través de estas acciones Brasil puede romper el ciclo de violencia en su sistema penitenciario y policial, cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.