La Legislatura de Mendoza aprobó una reforma legal que modifica el marco normativo para el accionar policial, especialmente en el uso de armas de fuego y situaciones de riesgo. La nueva ley establece que las fuerzas de seguridad pueden emplear armas no solo en legítima defensa, sino también ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves, ampliando así los supuestos en los que está permitido disparar.
Dentro de esta redefinición del peligro inminente, la norma contempla escenarios en los que una persona porte un arma letal, una réplica que parezca real o un arma blanca. También se incluyen conductas que hagan presumir un ataque inminente, ampliando el margen para que los efectivos evalúen riesgos incluso antes de que se concrete una agresión.
Además del uso de la fuerza, la reforma otorga mayor alcance a las funciones policiales en tareas de vigilancia, prevención de conflictos, protección de funcionarios y mantenimiento del orden público. Para los impulsores de la ley, estos cambios brindan un respaldo jurídico más sólido a los agentes en el cumplimiento de sus funciones.
Según el nuevo régimen, los policías cuentan con una protección administrativa que impide la aplicación de sanciones disciplinarias cuando existan indicios de que su actuación fue legal. Esto se mantiene hasta que una resolución judicial firme decida lo contrario, lo que busca evitar sanciones prematuras durante la investigación de procedimientos.
Estas modificaciones generan debates en la opinión pública y entre expertos, ya que algunos sectores advierten que la ampliación de conceptos como peligro inminente podría abrir espacio para interpretaciones controversiales y el uso excesivo de la fuerza. Los defensores sostienen que la ley moderniza el marco legal para ajustar la actuación policial a situaciones complejas y riesgosas.