El femicidio de Agostina Vega volvió a poner en evidencia las recurrentes fallas institucionales y sociales que rodean la violencia de género en Argentina. Mariana Carbajal advirtió que este caso no es un hecho aislado sino parte de un patrón sistemático marcado por la falta de prevención y la complicidad política y judicial.
Durante su participación en el programa "QR!", Carbajal cuestionó que el principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, contara con antecedentes claros de violencia y detenciones previas, pero aún así pudo mantener vínculos laborales y políticos sin ser debidamente controlado. Este escenario, afirmó, refleja un mensaje de impunidad que agrava la problemática.
La periodista recordó que hace más de una década se activó la movilización Ni Una Menos, y desde entonces han ocurrido miles de femicidios en el país. A pesar de ciertos descensos en indicadores, las causas profundas, vinculadas a la desprotección estatal y la escasa denuncia, persisten como barreras para erradicar esta violencia.
Carbajal señaló que la mayoría de las mujeres víctimas ni siquiera formaliza una denuncia, ya que apenas entre el 18% y el 20% de los casos llegan a ser denunciados, lo que limita considerablemente la intervención oportuna de las autoridades.
Sobre el rol del Estado, subrayó que el gobierno nacional no solo ha desmantelado políticas públicas de prevención de violencia de género, sino que además ha estigmatizado estas políticas calificándolas como ideológicas. Según la periodista, esta postura niega la realidad del problema y dificulta el desarrollo de estrategias efectivas.
No obstante, destacó que algunas provincias y municipios mantienen programas y dispositivos específicos que han demostrado efectividad. Allí se observa un aumento en la intervención temprana y una reducción en la comisión de femicidios, lo que evidencia la importancia de sostener políticas públicas focalizadas.
Este panorama muestra que la prevención sigue siendo el gran desafío. La mayoría de los femicidas son personas cercanas a las víctimas, lo que requiere herramientas de detección, protección y acompañamiento mucho más accesibles y permanentes. En ese sentido, el caso de Agostina es un alerta sobre la urgencia de corregir las fallas institucionales que permiten que la violencia de género se mantenga y reproduzca.