La Red Infancia Robada señaló al Estado argentino por las deficiencias en la prevención, búsqueda y protección de menores, tras los femicidios de Agostina Vega y Dulce María. La organización aseguró que la actuación estatal fue insuficiente durante las primeras horas posteriores a las desapariciones, lo que agravó el desenlace fatal.
En el caso de Agostina Vega, una adolescente de 16 años encontrada sin vida en Córdoba tras varios días de búsqueda, la Red remarcó que los mecanismos para localizar menores desaparecidos no se activaron con la celeridad que exige la ley. Además, denunciaron que el principal sospechoso contaba con antecedentes por violencia de género y delitos sexuales, situación que evidencia fallas en el seguimiento y prevención institucional.
El asesinato de Dulce María en Misiones también fue destacado por la entidad, que advirtió que la desaparición y muerte de la adolescente subraya las dificultades para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante riesgos que afectan a niñas y adolescentes. Ambos episodios ponen en evidencia, según la organización, fallos estructurales de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y los derechos de la infancia.
La Red Infancia Robada recordó que, aunque existen marcos legales y organismos dedicados a la protección de menores en Argentina, muchas veces no operan con la rapidez ni eficiencia necesaria frente a urgencias como desapariciones. Por ello, calificaron a la actuación del Estado como un fracaso y exigieron una revisión integral de los sistemas preventivos y de seguimiento, especialmente en casos donde hay historial de violencia.
Este pronunciamiento fue divulgado antes de una nueva fecha emblemática del movimiento Ni Una Menos, que visibiliza la problemática de la violencia de género y los femicidios en el país. La organización cerró su comunicado reclamando justicia para Agostina y Dulce María y renovando el compromiso de fortalecer políticas públicas para la protección de las infancias en Argentina.

