Las carreteras principales de Bolivia permanecen interrumpidas desde hace semanas por grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, acusado de exclusión y traición. Este bloqueo se convirtió en el más duradero de los últimos años y genera impactos severos en sectores clave como el transporte, la industria y el turismo.
La capital, La Paz, concentra las consecuencias más visibles: desabastecimiento de alimentos y combustible, suspensión de las clases presenciales, interrupciones en el transporte público y falta de oxígeno en algunos centros médicos. Estos efectos han provocado un debate profundo sobre la legitimidad y los límites de los cortes de caminos como herramienta política.
En 2025, los bloqueos constituyeron la segunda forma de protesta más frecuente en Bolivia, después de las declaratorias de emergencia, con al menos 180 episodios registrados en conflictos políticos y económicos relacionados con procesos electorales y la crisis financiera nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Ante esta situación, un proyecto de ley impulsado por el diputado Carlos Alarcón propone castigar los bloqueos con penas de cárcel que van desde tres hasta veinte años. El legislador argumenta que estas protestas violan derechos fundamentales como el libre tránsito, la salud, la educación y el acceso a la alimentación de personas que no participan en el conflicto, calificando los cortes como una infracción criminal.
Por otro lado, desde el campo académico, la socióloga Luciana Jáuregui advierte que este modo de protesta refleja una “contradicción estructural” entre las organizaciones comunitarias que no se sienten representadas institucionalmente y el Estado. Señala que los bloqueos emergen de una crisis de mediación, desigualdad económica histórica y exclusión simbólica de comunidades rurales, que perciben esta acción como su único canal para ser escuchadas.
El choque entre criminalizar los bloqueos y entender sus raíces sociales marca un debate central en Bolivia. Mientras el gobierno y algunos sectores exigen sanciones para garantizar el orden y proteger derechos básicos, muchos pobladores ven en los cortes un mecanismo esencial de resistencia y reclamo.